“Sincerar salarios” o legalizar irregularidades

Se ha convertido en tema central de debate en la sociedad, y materia ineludible de las noticias, el descontrol absoluto en la asignación de “sobresueldos” y otros “beneficios” a los funcionarios de la Administración Pública.-

Poco o nada puede agregarse al tema que ha desnudado los abusos en que incurrieron los administradores de la cosa pública, quienes, insatisfechos con poblar las oficinas del Estado con parientes, amigos, correligionarios, “amigas” y clientes, les otorgaron todo tipo de beneficio económico.-

Se ha dicho todo y de todo, como testimonio del asombro y la indignación que produce a una sociedad que es testigo del modo en que se ha creado una verdadera casta social que desangra su economía, rodeándose de todo tipo de privilegios.-

Nada se puede agregar al respecto cuando la crítica corre el riesgo del populismo barato, que asoma en todos los sectores involucrados, en especial aquellos que – desde sus altos cargos de Gobierno – manifiestan su rechazo a una situación que ellos mismos han contribuido a generar, y plantean la necesidad de revisar la “política salarial del Estado”, el inicio de una campaña de austeridad, fortalecer la transparencia, la Institucionalidad y “sincerar los salarios” (sic.).-

Estas reacciones, que tienen mucho de oportunistas y poco de racionales, pueden producir más daño que beneficios.-

Para poner las cosas en claro, debemos advertir, que el origen del régimen salarial diferenciado, de ciertos funcionarios públicos, integrándolo con un “salario básico” y “bonificaciones o gratificaciones”, tenía dos propósitos claros, el primero: proteger la caja fiscal, ya que sobre estos últimos conceptos no se aportaba a la caja jubilatoria, y en consecuencia, el haber jubilatorio que correspondía a quien se acogiese a este beneficio, era calculado sobre la base del salario base o real, sin los beneficios adicionales. El segundo: burlar los límites salariales establecidos por en la Ley de Presupuesto.-

Pero, el tiempo y la irresponsabilidad e irracionalidad en el manejo de la cosa pública, fue “flexibilizando” el criterio inicialmente adoptado, hasta el punto de que, mediante este sistema se ha superado – inclusive – el salario asignado al Presidente de la República.-

Hoy día, los parlamentarios, sin asumir sus propias responsabilidades, derivadas del papel que les cupo cumplir en la aprobación del Presupuesto General de la Nación, con su correspondiente Anexo de Personal, acosados por el escándalo, el rechazo de la sociedad y los espacios que la prensa le dedica, plantean “revisar y corregir” la situación, pero al mismo tiempo reivindican el derecho de los esforzados funcionarios públicos, cuyos salarios básicos, no están acordes – según dicen – a la labor que desempeñan.-

Estos mismos, y otros, alzan su voz para defender la esforzada tarea, el eficiente servicio y la compleja labor que desarrollan sus funcionarios. Según dicen, la mayor parte de ellos merecen las retribuciones que reciben, y por tal motivo, para corregir esta “injusticia” se comprometen a “sincerar” los salarios.-

Lo más indignante es que dirigiendo nuestra mirada hacia otros sectores de la Administración del Estado, encontramos situaciones que rayan lo absurdo y – además de inadmisible – constituyen un verdadero agravio a la inteligencia, una grosería incalificable. Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia (y posiblemente los demás Magistrados del Poder Judicial) incrementan sus salarios con una retribución “por grado académico”, a pesar de que dicha condición es requisito Constitucional (en el caso de los Ministros de Corte) y legal (en el caso de los demás Magistrados), para acceder al cargo.-

Por eso, no me queda muy claro que es lo que pretende decirse con aquello de “sincerar salarios”, pues si se trata de elevar los salarios básicos a los volúmenes reales o aproximados, que hoy perciben los funcionarios privilegiados, lo único que habrá cambiado es la denominación de la asignación que perciben.-

De ser así, el daño que se producirá al patrimonio del Estado, será – sin ninguna duda – mucho mayor que el actual, pues, al elevarse los niveles del salario básico, las jubilaciones que se acuerden en el futuro tendrán como referencia estos nuevos salarios, sobre los cuales jamás han realizado aportes jubilatorios, agravando sensible y considerablemente la delicada situación de las cajas jubilatorias del Estado.-

Sincerar, para el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, deriva del latín purificar y significa “…Justificar la inculpabilidad o culpabilidad de alguien en el dicho o hecho que se le atribuye…”.-

Si lo que encierra el proyecto de “sincerar salarios” es justificar la inculpabilidad de alguien, el problema no se resuelve, queda abierto e inconcluso. No habrá culpables, no se identificarán responsables, y todo se limitará a “patear el problema hacia adelante”, para que futuros Gobiernos, pero los mismos contribuyentes enfrenten las graves consecuencias que producirá una Caja Fiscal absolutamente incapaz de hacer frente al pago de las jubilaciones.-

Como sociedad, no podemos tolerar que sencillamente se “sinceren salarios”, por el contrario, debemos reclamar que se recorten beneficios ilegales, pues resulta intolerable que todo no pase de una mera legalización de irregularidades.-

Jorge Rubén Vasconsellos